Contexto Migratorio chileno
Principales grupos de migrantes en Chile (2020)
Solicitudes de refugio 2010-2020 (aceptadas, rechazadas)
Fuente: INE-DEM, 2020
Fuente: elaboración propia a partir de banco de datos del DEM
39% menos visas
otorgadas en el año 2020 en comparación con el 2019, siendo la población de nacionalidad venezolana a la que mayor número de visas se le otorgó con un total de 81.124, seguido de la haitiana con 33.480 además de otras nacionalidades como peruana, colombiana, ecuatoriana y argentina.
Fuente: elaboración propia a partir de banco de datos del DEM
Marco legal para la protección
e inclusión social
Chile es el último país de la región en promulgar una nueva ley migratoria en abril de 2021 (Ley 21325), que reemplaza al Decreto-Ley No. 1094 de 1975 promulgada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. La nueva ley de inmigración promulgada por Sebastián Piñera, que entrará en vigencia una vez publicado su reglamento, se basa en 89 enmiendas a un proyecto de ley de migración propuesto durante su anterior gobierno en 2013 (Proyecto de Ley de Migración y Extranjería No 8970-06) (ver Doña-Reveco 2021). La Ley N°20.430, aprobada en 2010, establece disposiciones sobre protección de refugiados en Chile. Chile es un Estado Parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y de su Protocolo Adicional de 1967. En abril de 2018, Piñera anunció una “reforma migratoria” que entre otras medida incluyó dos decretos ejecutivos que crearon un visado consular de turismo simple para ciudadanos haitianos y la llamada Visa de Responsabilidad Democrática (VDR) para Venezolanos, la cual puede ser emitida en cualquier consulado de Chile en el exterior pero está sujeta a requisitos específicos como pasaporte (o cédula nacional de identidad) y comprobante de antecedentes no penales, entre otros requisitos.
LEYES VIGENTES
• Ley de Refugio (1997)
• Ley de Migración (2017)
Impactos de la pandemia en la población migrante y refugiada
En el contexto de la pandemia y el cierre de fronteras, Chile no ha estado procesando solicitudes de asilo. Dos decisiones de la Corte (una en Iquique y otra en Puerto Montt) han empujado al gobierno a admitir a tramitación las solicitudes de asilo de dos familias por correo electrónico.
Se recrudece la precariedad laboral de la población migrante, puesto que la mayoría de los migrantes en Chile trabajan en los sectores más afectados por las medidas de confinamiento y la crisis económica (comercio, hoteles y restaurantes, servicio doméstico, industrias manufactureras y construcción) (Henríquez 2019).
Ya desde antes de la pandemia se documentaban altos niveles de hacinamiento de la población migrante en las comunas de Santiago, que son especialmente elevados entre la población de origen haitiano (ver Bengochea et al 2021). En el norte de Chile, según cifras de la Seremi de Salud de Tarapacá, alrededor de 1.700 migrantes se encuentran en sistema de aislamiento, de estos 1.400 están en estadías sanitarias transitorias y cerca de 300 en residencias sanitarias.
Cientos de personas migrantes de origen boliviano, peruano, colombiano y venezolano entre otras nacionalidades, decidieron retornar a sus países de origen y otros países, cuando las medidas de confinamiento se tradujeron en cierres de sus lugares de trabajo y pérdida de empleos (ver Vera Espinoza, Zapata & Gandini 2020).
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En 2020, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública junto con el PDI coordinaron y llevaron a cabo la expulsión masiva de 1.365 extranjeros, principalmente venezolanos y colombianos.
¿Qué impactos tuvo la pandemia en la población migrante y refugiada?
El gobierno anunció una serie de medidas de protección social para hacer frente a los impactos económicos de la pandemia. A fines de marzo de 2020, el gobierno promulgó el “Bono COVID-19” (Ley No 21225), mediante el cual el gobierno otorgó un bono de $ 50.000 pesos chilenos (USD $ 60) que buscaba llegar al 60% de las personas más vulnerables. El 14 de mayo, el gobierno promulgó la Ley No 21230 “Ingreso familiar de emergencia”, destinada a ayudar a las familias que trabajan en el sector informal, cuyos ingresos fueron los más afectados por la crisis sanitaria. Para recibir este beneficio se debe estar inscrito en el Registro Social de Hogares y tener una Cédula de Identidad chilena vigente. Esto significa que los migrantes irregulares, o aquellos con identificaciones vencidas, no pueden acceder a estos beneficios, incluidos los inmigrantes que han iniciado su proceso de regularización, pero que aún no han recibido sus cédulas de identidad (Ambiado et al., 2020; Freier & Vera Espinoza 2021).
El gobierno otorgó una extensión a la validez de las cédulas de identidad para extranjeros por un período de 1 año. También se extendió el período para cambiar de empleador a inmigrantes con visa sujeta a contrato de 30 a 180 días.
Organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de migrantes y las organizaciones internacionales han tenido un rol complementario a las acciones del gobierno nacional y de las municipalidades con relación a protección social, sobre todo en prestaciones no contributivas.
Marcia Vera
“La protección de derechos de las personas migrantes y refugiadas durante la pandemia”
PhD en Geografía Humana
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School of Geography
Queen Mary University of London
Esta y otras publicaciones de nuestro grupo son apoyadas por el programa de Proyectos Especiales de FORD/LASA [Grant # FL-15-01].
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