Contexto Migratorio Uruguayo
El cambio en la composición por orígenes de la inmigración reciente es una de las mayores transformaciones de la movilidad humana en Uruguay.
Fuente: Elaborado a partir de la Encuesta Continua de Hogares de 2014 y 2019 (INE. 2020).
es el incremento de las solicitudes de asilo en Uruguay entre 2014 y 2019. Las solicitudes de ciudadanos cubanos representaron el 89% del total en 2019.
personas llegadas a Uruguay en el último quinquenio procedían de países latinoamericanos como Cuba, Venezuela, República Dominicana y Colombia.
Fuente: Elaborado a partir de datos de ACNUR (2020).
172% es el incremento de las solicitudes de residencia en Uruguay en el mismo periodo (2014 - 2019).
Fuente: elaborado a partir de la Encuesta Continua de Hogares de 2019 (INE. 2020).
Fuente: Elaborado a partir de datos de Dirección Nacional de Migraciones y Ministerio de Relaciones Exteriores (2020).
Marco legal para la protección
e inclusión social
Este país cuenta con instrumentos jurídicos que explícitamente reconocen los derechos humanos, económicos, sociales, políticos y culturales de las personas migrantes y refugiadas (Ley 18250; Ley 18076). Sin embargo, la implementación del Acuerdo de Residencias del MERCOSUR (Ley 19254) y el mantenimiento de requisitos de visados para algunos orígenes extra MERCOSUR (dominicanos, cubanos, haitianos y ciudadanos de buena parte de los países del África Subsahariana y Oriente Medio), ha generado una relativa estratificación del ejercicio efectivo de los derechos que garantiza la Ley de Migración (Montiel y Prieto, 2019; Bengochea y Madeiro, 2020; Fernández et al., 2020).
LEYES VIGENTES
• Ley de Migración 18250 (2008)
• Ley de Refugio 18076 (2006)
• Ley 19254 “Acuerdo de Residencias de Estados
parte y asociados del MERCOSUR” (2014)
¿Qué impactos tuvo la pandemia en la población migrante y refugiada?
Se produjeron afectaciones en la atención al público presencial que generaron cierto retraso en los servicios de trámite y emisión de permisos de residencias y solicitudes de visado para el ingreso al país. Las entrevistas realizadas a solicitantes de refugio y las solicitudes de refugio en frontera siguieron su curso.
El desempleo y la caída de la actividad que afectó directamente a los trabajadores del sector servicios (transportistas, repartidores, trabajadores de aplicaciones, servicio doméstico, comercio, gastronomía y turismo), redujeron los ingresos por trabajo de esta y otras poblaciones. Además, muchas de las personas migrantes con poco tiempo en el país o con itinerarios laborales de inestabilidad vieron limitadas oportunidades de acogerse a las prestaciones sociales contributivas –seguro de desempleo y seguro parcial de desempleo-, por no tener un número suficiente de aportes realizados al sistema. Asimismo, el acceso a las prestaciones no contributivas era bastante bajo previo a la emergencia sanitaria producto de la exigencia de ciertos documentos apostillados en el momento de presentación de la solicitud, y esta tendencia se mantuvo durante la pandemia. Como complemento al conjunto de prestaciones no contributivas preexistentes, el Ministerio de Desarrollo Social implementó la Canasta de Emergencia Alimentaria.
Como consecuencia de la afectación de los ingresos se registraron una serie de desalojos y múltiples dificultades para hacer frente a los gastos de alquiler de apartamentos y pago de renta en pensiones y alojamientos colectivos. El acceso a la vivienda ya era problemático con anterioridad a la pandemia que agudizó su gravedad (Bengochea y Madeiro, 2020). La sociedad civil en coordinación con agencias internacionales (OIM y UNICEF) fueron las más activas en la búsqueda de respuestas económicas y jurídicas a las familias en riesgo de desalojo. El gobierno de la ciudad de Montevideo implementó un subsidio de emergencia para el pago de renta a residentes en pensiones regulares registradas. Aunque la Junta Nacional de Migración reconoció como de suma gravedad a la situación habitacional de las personas migrantes y refugiadas durante la pandemia, el gobierno nacional no suspendió los desalojos ni adoptó programas de apoyo específicos para atender las demandas de estas poblaciones.
¿Cómo se ha garantizado la
protección social en la pandemia?
En términos generales, la protección social durante la pandemia ha sido liderada por el
Estado con un papel complementario de las organizaciones sociales, las agencias
internacionales y los gobiernos departamentales.
Se conserva un modo de protección basado en el enfoque de derechos y se hicieron algunas adaptaciones necesarias para asegurar acceso a prestaciones sociales en casos de irregularidad documental.
Medidas de mitigación de impactos adoptadas desde el Estado para la población general:
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Refuerzo de prestaciones no contributivas preexistentes: se incrementó el monto de las
Asignaciones Familiares por hijo menor a cargo que percibían los trabajadores registrados (AFAM BPS) o las personas en situación de vulnerabilidad (AFAM Plan de Equidad MIDES) que hayan obtenido o estén tramitando refugio o permiso de residencia. Igualmente se
incrementaron los montos asignados a canastas del INDA y a la Tarjeta Uruguay Social,
dirigidas a población vulnerable atendida por el Plan de Equidad del MIDES.
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Creación de nuevas prestaciones no contributivas: se creó una Canasta de Emergencia
Alimentaria (CEA) entregada por el MIDES, y su entrega no estuvo supeditada en la
práctica a la exhibición de documentación probatoria de la condición migratoria regular. Se verificaron desafíos administrativos y materiales para el registro de beneficiarios en la
aplicación digital a través de la que se administró este beneficio monetario.
Victoria Prieto
Julieta Bengochea
Camila Montiel
“La protección de derechos de las personas migrantes y refugiadas durante la pandemia”
Doctora en Demografía
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Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de la República
PhD en Estudios de Población
Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de la República
Lic. en Desarrollo​
Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de la República
Esta y otras publicaciones de nuestro grupo son apoyadas por el programa de Proyectos Especiales de FORD/LASA [Grant # FL-15-01].
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